Durante su tradicional desayuno empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana expresó su preocupación ante la posible elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial, al considerar que dicha medida podría comprometer la autonomía judicial y politizar la impartición de justicia en México.
En el evento, que contó con la participación del periodista y analista político Jesús Silva-Herzog Márquez como conferencista invitado, el presidente del organismo empresarial, Roberto Vega Solís, advirtió que esta propuesta representa una amenaza directa al principio de imparcialidad judicial, al exponer al Poder Judicial a intereses partidistas y clientelares, debilitando así uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
“El voto popular no fortalece a la justicia, la politiza y vulnera su independencia”, afirmó Vega Solís, quien también subrayó que un sistema judicial autónomo y profesional resulta indispensable para garantizar la certidumbre jurídica que demandan tanto la inversión nacional como extranjera.
Durante su intervención, el dirigente empresarial hizo énfasis en el papel clave que desempeñan las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el entramado económico nacional. Según datos expuestos, este sector representa más del 99% de las unidades económicas en el país y genera cerca del 70% del empleo formal, siendo en ciudades como Tijuana motor de innovación, esfuerzo y desarrollo comunitario.
Pese a ello, señaló que México aún carece de una política pública integral orientada a fortalecer a las MIPYMES. Ante esta omisión, Coparmex propuso una agenda con cinco ejes estratégicos: acceso a financiamiento productivo, simplificación y digitalización regulatoria, incentivos a la formalización, capacitación con enfoque tecnológico e integración de estas empresas en cadenas de valor.
Finalmente, el presidente de Coparmex Tijuana abordó el contexto internacional y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), prevista para 2026. Subrayó la necesidad de que el país actúe con visión de Estado, reforzando su competitividad, mejorando estándares laborales y ambientales, y garantizando un entorno de mayor seguridad jurídica.
“El debilitamiento institucional no solo afecta a la democracia, también erosiona la confianza del sector productivo y limita las oportunidades de crecimiento sostenible. Una democracia sólida es un activo económico, indispensable para atraer inversión y generar desarrollo”, concluyó.
La conferencia magistral de Jesús Silva-Herzog Márquez abordó los retos contemporáneos de la democracia, tanto a nivel nacional como global, y su vínculo con la estabilidad institucional y económica.
